Traigo en una mano la rama de olivo y en la otra un fusil, no permitan que deje caer la rama de olivo…Yasir Arafat.
Ya han
pasado casi tres años desde que se comenzó a gestar en Nuevo León la idea de
tener un mando policial único. Los resultados se reducen a un acuerdo signado
entre los ayuntamientos (a excepción de San Pedro) y el gobierno estatal, pero
la operación está lejos de concretarse.
El entorno
social, político y administrativo donde se desenvuelven los ayuntamientos ha
cambiado drásticamente en los últimos años. Si bien en el Constituyente del 17
se diseñaron funciones específicas y claras para los municipios, lo cierto es
que en aquellos años, el entorno municipal era muy distinto.
Las
funciones de la seguridad consistían principalmente en meter borrachitos a la
cárcel o castigar infracciones menores de orden administrativo; o a lo sumo
poner a disposición de la autoridad estatal o federal, cuando el caso lo
ameritaba, que eran los menos.
Aquellos
municipios han cambiado diametralmente no solo de tamaño, sino de forma, los problemas
que enfrenta precisan la presencia de cuerpos de seguridad distintos, con mayor
preparación, dotación de equipo y herramientas.
Las grandes
urbes y las ciudades medias presentan una tipología criminal en la que es
necesario la presencia de fuerzas del orden con dotes de mayores proporciones,
que los actuales ayuntamientos no están en condiciones de proporcionar.
Debe
concretarse una reforma constitucional, para dejar en manos de los
ayuntamientos, solo aquellas labores que de conformidad con sus capacidades
financieras, administrativas y políticas pueda desempeñar de forma eficiente. En aquellos casos como en el de la seguridad, donde el problema ha rebasado
inclusive a propias las policías estatales, que pasasen a manos de otro orden
de gobierno.
El discurso
de una reforma estatal, solo nos ha llenado de discursos y papeles, sin que se
hayan concretado los grandes cambios que el país requiere.
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